El abandono de un neonato en calles de Tultitlán por parte de su padre adolescente, Lucio “N”, desató un intenso debate en torno al aborto más allá de las 12 semanas de gestación, que es el límite establecido por legislaciones locales en estados donde la interrupción del embarazo es legal.
Mientras colectivas feministas se han pronunciado a favor de educación sexual de calidad en las escuelas, aborto seguro en el último trimestre del embarazo e incluso calificaron al hijo de Lucio y Diana Jaciel “N” como un “desecho o residuo biológico” debido a que no contaba con las 37 semanas de gestación al momento del alumbramiento, otras voces acusan un intento de homicidio o infanticidio.
De acuerdo con las conversaciones entre los padres del menor de edad, quien tras ser dado de alta del hospital del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al servicio del Estado (ISSSTE), en el que era atendido tras su hallazgo, volvió a este centro de salud, el nacimiento del bebé sucedió después de la inducción de un aborto.
Aunque grupos de mujeres han calificado al producto como un residuo biológico, al no cumplir con las 37 semanas de gestación al momento de la interrupción, la Fiscalía del Estado de México vinculó a la pareja a proceso por el delito de homicidio en grado de tentativa.
En un pronunciamiento, la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim), llamó a mirar este asunto más allá de una mirada adultocéntrica, tomando en cuenta la edad de los jóvenes involucrados, especialmente la de Lucio que hasta hace poco era menor de edad, a la vez que se vea por el menor de edad involucrado.
“Desde la Red por los Derechos de la Infancia en México expresamos nuestra preocupación ante el caso del bebé abandonado en Tultitlán, un hecho que ha generado conmoción y diversas reacciones en la sociedad. Entendemos el dolor y la indignación que este suceso puede causar. Exhortamos a las autoridades para que velen y garanticen los derechos del niño.
“No obstante, hacemos un llamado urgente a abordar este caso con una perspectiva de derecho, evitando miradas adultocéntricas que sólo fomentan la criminalización de los jóvenes involucrados, entre ellos un joven que hasta hace unos meses tenía 17 años de edad”, menciona esta organización que vela por los derechos de las infancias.
En su misiva, Redim resalta las omisiones del estado en este caso, que llevaron a que los dos jóvenes se encuentren en la cárcel y el bebé con un futuro incierto, el cual será dirimido por las autoridades en los días consiguientes.
Entre las fallas del Estado para que se produzca esta situación, la organización resalta la falta de educación sexual oportuna, la falta de acceso a servicios de salud sexual y reproductiva y las barreras a la interrupción del embarazo.
“Es fundamental reconocer que estos dos jóvenes, uno casi adolescente, tomaron una decisión extrema en un contexto de múltiples ausencias, que nos obligan a analizar las consecuencias de una educación sexual integral deficiente, así como la falta de acceso a servicios de salud sexual y reproductiva y las barreras que todavía existen para la interrupción legal del embarazo”, mencionan.
