La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la Guardia Nacional (GN) y la Secretaría de Seguridad estatal (SSEM), detuvo a Eulalia “N”, tercera regidora de Amanalco, y a Rey Francisco “N”, servidor público del mismo municipio.
Ambos estarían relacionados por su presunta participación en el secuestro de la presidenta municipal interina, quien asumió el cargo tras la detención de la anterior alcaldesa en el marco del Operativo Enjambre.
La privación de la libertad de la funcionaria, identificada como A.L.L., ocurrió el pasado 5 de diciembre, cuando un grupo armado irrumpió en su domicilio y la obligó a subir a un vehículo.
Pretendían extorsionar y presionarla para que renunciara
De acuerdo con la investigación, el secuestro tenía como finalidad extorsionarla y presionarla para que renunciara a su cargo, luego de haber solicitado apoyo de las fuerzas estatales y federales para reforzar la seguridad en la región.
La alcaldesa fue liberada esa misma noche en una zona boscosa, donde logró pedir ayuda en una gasolinera y llegar a la comandancia municipal de Donato Guerra.
La víctima declaró que durante su cautiverio fue amenazada y que uno de sus captores, identificado como Pablo “N”, alias El Mini o El Pelón, le aseguró que el ataque había sido ordenado por Eulalia “N” y Rey Francisco “N”, presuntos colaboradores de una célula delictiva con orígenes en Michoacán.
La FGJEM desplegó operativos en Amanalco y Donato Guerra, logrando ubicar la cabaña donde la funcionaria fue retenida. En el sitio, las autoridades hallaron prendas con la leyenda Fuerzas FM, cartuchos útiles, un arma de fuego, chalecos tácticos y equipos de radiocomunicación.
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La edil interina había pedido apoyo de fuerzas federales y estatales
Tras reunir las pruebas, un juez giró órdenes de aprehensión contra los tres implicados. El pasado 7 de diciembre, elementos de la Fiscalía capturaron a Eulalia “N” y Rey Francisco “N”, quienes fueron vinculados a proceso y trasladados al Centro Penitenciario de Santiaguito, en Almoloya de Juárez. Mientras tanto, Pablo “N”, señalado como subjefe de plaza del grupo criminal, continúa prófugo.
De acuerdo con la indagatoria, el secuestro de la presidenta interina fue una represalia por sus gestiones para que fuerzas federales y estatales asumieran el control de la seguridad en Amanalco, lo que habría afectado los intereses de la organización delictiva en la región.
La autoridad judicial impuso la medida cautelar de prisión preventiva justificada y estableció un plazo de tres meses para la conclusión de la investigación complementaria.
