En el asunto de malversación de fondos, pagos indebidos y sobreprecio, se constató que se respaldaron con facturas fraudulentas, llevados a cabo por entrenadores inexistentes.
Después de que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) interpusiera dos denuncias contra Ana Gabriela Guevara por supuestas irregularidades financieras en la Conade, la Fiscalía General de la República (FGR) detectó varias anomalías.
En el caso de desvío de recursos, pagos indebidos y sobreprecio, se encontró que fueron comprobados con facturas falsas, realizados por entrenadores fantasmas.
Así como contratación y pago de servicios mediante intermediarios, los cuales no fueron autorizados o nunca se realizaron, y la realización de eventos denominados “especiales” con costos inflamados.
Otras de las irregularidades que destaca la investigación son los sobornos, alto número de pagos a aviadores, y el desfase y pago sobre costo de servicios de la administración anterior con recursos de la actual.
Mientras tanto, el Órgano Interno de Control (OIC) de la Conade determinó que era culpable por la indebida prestación de servicios de hospedaje, alimentación y uso de las instalaciones de Villas Tlalpan a personas que no eran atletas de alto rendimiento y tampoco formaban parte del Sistema Nacional de Cultura Física y Deporte (Sinade), ni del Registro Nacional de Cultura Física y Deporte (Renade).
Por otro lado, la investigación da a conocer que se omitieron pagos a becarios, así como el retraso o incumplimiento de pago a personal técnico y deportistas. Desproporción y criterios poco transparentes al momento de autorizar giras, viajes o campamentos deportivos a deportistas en procesos clasificatorios, entre otros.
Fue en 2018, cuando la exatleta mexicana Ana Gabriela Guevara, entrara en funciones en la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, ahora la auditoría arroja que tan solo en el 2020 hubo 18 actos distintos de posible corrupción y mal manejo de recursos en distintos contratos y servicios adquiridos por la Conade.
Asimismo, el órgano fiscalizador detectó desde 2020 un presunto desvío por 205 millones de pesos, de los que la gestión de Guevara sólo logró acreditar 55 millones.
