La Fiscalía del Estado de México está llevando a cabo una gran operación contra el despojo de propiedades. Ya vincularon a proceso a 11 personas ligadas a grupos como “USON” o “Los Gastones”, y también investigan a notarios y exfuncionarios que habrían facilitado estos delitos. La acción forma parte de la Operación “Restitución”.
FGJEM avanza en la desarticulación de redes criminales tras la Operación “Restitución”
La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) dio a conocer un importante avance en el combate al despojo de inmuebles , la extorsión y el secuestro exprés , dentro del marco de la Operación “Restitución” y la Estrategia para la Restitución de la Propiedad .
Este operativo ha permitido obtener vinculaciones a proceso en contra de 11 personas relacionadas con diversos delitos cometidos de manera individual o colectiva, muchos de ellos asociados a organizaciones autodenominadas sindicales que operan en el estado.
¿Quiénes están involucrados?
Según informó la FGJEM, entre los ahora vinculados a proceso se encuentran integrantes de:
Unión de Sindicatos y Organizaciones Nacionales (USON)
Gestión y Organización Popular Emiliano Zapata (GOPEZ)
Unión 300
Sindicato 22 de octubre
Los Gastones
Estos grupos utilizaban métodos violentos y coercitivos para tomar posesión ilegal de viviendas, locales comerciales, naves industriales y predios , muchas veces respaldados por lo que han sido identificados como “sindicatos de choque”.
Modus operandi: cómo operaban las redes criminales
De acuerdo con las investigaciones, estas organizaciones actuaban mediante una estructura compleja que incluía:
Invasión coordinada de propiedades urbanas y rurales
Uso de fuerza física y amenazas para intimidar a dueños legítimos
Simulación de documentos legales y contratos falsos
Intimidación legal y social para evitar denuncias
Presión sobre instituciones gubernamentales y notariales para legitimar sus acciones
El objetivo no era solo tomar control de bienes inmuebles, sino también generar ingresos económicos ilícitos , amparados en prácticas de corrupción institucional.
Servidores públicos y notarios también bajo investigación
Uno de los aspectos más delicados del caso es la presunta complicidad de funcionarios estatales y municipales , quienes habrían facilitado las actividades de estas redes delictivas. Entre los señalados se encuentran:
Cinco servidores públicos del Instituto de Formación y Estudios Superiores de Tlalnepantla (IFREM)
Dos directores de Desarrollo Urbano de Coacalco y Lerma
Un ex director de Catastro Municipal de Ecatepec
Una jefa de Mercados Municipales de Chimalhuacán
A todos ellos se les imputa el delito de abuso de autoridad , ya que supuestamente usaron sus cargos para favorecer o encubrir los actos delictivos.
Además, se formuló imputación en contra de tres notarios públicos , dos ubicados en Toluca y uno en Ecatepec , por su probable intervención en falsificación de documentos , especialmente en la expedición irregular de poderes notariales o escrituras falsas .
Investigación judicial y próximos pasos legales
La Fiscalía informó que se llevarán a cabo audiencias de formulación de imputación los días 16, 25 y 27 de junio , en las que se presentarán las pruebas recopiladas durante las indagatorias.
Estas fechas marcan un punto crucial en la desarticulación de redes criminales que, según la FGJEM, han estado operando durante años bajo la fachada de movimientos sociales o sindicales.
Contexto: redes criminales camufladas de organización social
Muchas de estas organizaciones se presentan ante la sociedad como defensoras de derechos laborales o de acceso a la vivienda, pero detrás operan como redes de choque que cometen delitos graves . Su modus operandi implica:
Amenazar a propietarios
Infiltrar terrenos o edificios privados
Usar violencia o engaños para apropiarse de bienes
Presionar a autoridades locales y federales
Esta práctica no solo afecta a particulares, sino también a empresas e inversionistas, generando un clima de inseguridad jurídica y territorial.
Conclusión: un paso hacia la justicia y la transparencia
La FGJEM está tomando medidas contundentes frente a un fenómeno que afecta tanto a ciudadanos comunes como al desarrollo económico del Estado de México. La vinculación a proceso de 11 personas y la imputación formal a notarios y exfuncionarios demuestran el alcance de una estrategia integral contra el crimen organizado en todas sus formas.
Aunque aún hay mucho por hacer, este tipo de acciones representa un mensaje claro: el Estado de México no tolerará más redes criminales camufladas bajo el nombre de organización social o sindicalismo .
